Tras lo ocurrido con la candidatura presidencial de Diego Ancalao, de la Lista del Pueblo, senadores de Renovación Nacional presentaron un proyecto de ley que busca sancionar a quienes utilicen patrocinios fraudulentos para postular a un cargo de elección popular, así como también a toda persona que colabore en la recolección y adulteración de éstos.
La iniciativa legal impulsada por la senadora de La Araucanía, Carmen Gloria Aravena, y patrocinada por los senadores Juan Castro, Francisco Chahuán, Manuel José Ossandón y Kenneth Pugh, establece penas de presidio menor en sus grados de medio a máximo y multa de 50 a 100 UTM a quienes incurran en dichas prácticas.
Aravena manifestó que “lo sucedido con el excandidato presidencial de la Lista del Pueblo, afecta gravemente la fe pública y la confianza de la ciudadanía en la política y en nuestra institucionalidad electoral, las cuales son clave para mantener una sana democracia. Por tales razones, es necesario reforzar y aumentar las penas de los tipos penales que nos protegen de estos comportamientos repudiables”.
En la misma línea, el senador Juan Castro mencionó que “no podemos permitir que personas quieran mentir o engañar a un sistema electoral para ocupar un cargo público, ni menos administrar el Estado de Chile. Para que no vuelva a pasar, presentamos este proyecto de ley para sancionar a esas futuras personas”.
Por su parte, Chahuán afirmó que “la situación que se produjo cuando se presentó una candidatura presidencial con 23 mil firmas validadas por un notario fallecido ha puesto en juego la fe pública; lo ocurrido con Digo Ancalao es un fraude a la confianza ciudadana y toda persona que utilice patrocinios fraudulentos para postular a un cargo de elección popular debe tener una sanción ejemplar y no pueden quedar en la impunidad”.
La iniciativa legal surgió luego de que el Servicio Electoral (Servel) rechazara la inscripción de Diego Ancalao, debido a que más de 23 mil firmas fueron validadas a partir de marzo del 2021, por Patricio Zaldívar Mackenna, quien falleció en febrero del mismo año y había dejado de ejercer como notario en 2018.
El proyecto de ley será analizado por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.