A dos años de iniciarse el estallido social en Chile (18 de octubre de 2019), la Convención Constitucional tiene aprobado su reglamento general de funcionamiento y se apresta a comenzar el debate orientado a redactar la nueva Constitución. En ese marco, el docente de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins, Sebastián Salazar Pizarro, analizó el estado actual del proceso y su proyección futura.
Para Salazar, abogado constitucionalista y doctorando en Derecho y Ciencia Política, la definición del reglamento de funcionamiento de la convención, que tardó tres meses, está “dentro de lo presupuestado” si se compara con experiencias similares en otros países, en donde la aprobación de las normas de funcionamiento tardó entre siete y ocho meses.
Explicó que “se podría pensar que es un tiempo largo, pero debemos tener en cuenta que la convención es un organismo que partió desde cero, sin ningún apoyo logístico, comunicacional o de capital humano. Al mirar en retrospectiva, ya con el reglamento publicado en el Diario Oficial, es un periodo adecuado”.
Quórum de 2/3 y los plebiscitos dirimentes
Salazar califica como un hito importante dentro del debate por el reglamento la aprobación del quorum de 2/3, una medida que fue resistida o al menos cuestionada por un sector de la convención.
“Es importante entender que la Constitución es un acuerdo político en materias esenciales y fundamentales para un país, las que posteriormente se traducen en normas jurídicas. En ese contexto, el quorum de 2/3 permite que todas las fuerzas políticas representadas en la convención se vean obligadas a adoptar acuerdos transversales”, explicó el docente, resaltando que esto también permite dar “legitimidad a este acuerdo político” y evitar que la Constitución corra el riesgo de reflejar una agenda político-partidista particular.
En la misma materia, se definió la posibilidad de realizar plebiscitos dirimentes para aquellos artículos que no lleguen a los 2/3 pero si tengan el apoyo de 3/5, es decir una diferencia de 10 convencionales. “Aunque esto generó mucha resistencia por parte de los sectores de derecha, la verdad es que no es para cualquier caso. Además, la convención no puede llamar a plebiscito ya que es una atribución de los poderes legislativos y del ejecutivo. Por otro lado, la logística necesaria para sacar adelante un plebiscito no es menor. Por ello, es una herramienta que existe, pero no se prestará para hacer un abuso de ella”, reflexionó Salazar.
Rojas Vade y la Lista del Pueblo
El éxito eleccionario de la Lista del Pueblo se diluyó tras una serie de polémicas que terminaron por mermar la nueva fuerza política, generando cambios importantes en el proceso constituyente. En tanto el caso de Rojas Vade fue también, desde la óptica de Sebastián Salazar, un duro golpe a la credibilidad de la convención.
Sobre lo acontecido con la Lista del Pueblo, explica que “el funcionamiento de este colectivo seguirá estando presente en la instancia constituyente y es lo que ha sobrevivido a pesar de las malas decisiones que se tomaron para participar en la política tradicional. Ellos tendrán un rol articulador junto a los movimientos sociales o los pueblos originarios, o representantes de Chile Digno, donde está el Partido Comunista”.
En cuanto al caso Rojas Vade, Salazar sostiene que “la Convención Constitucional nace porque vivimos un proceso de crisis social, política y económica desde hace años. No hay institución que no esté cuestionada y la situación de Rojas Vade genera desconfianza hacia un organismo que no estará exento de los problemas que conlleva este escenario de crisis sistémica de Chile. Pero también es necesario recordar que es uno de los 155 convencionales”.
Cambio en el sistema político y las claves del debate a partir de ahora
Otro hito dentro del debate es la posibilidad de un cambio en el sistema de gobierno político, lo que se encuentra dentro de las facultades del organismo. Esto podría significar no solo alterar los actuales periodos presidenciales, sino que también eliminar el Senado y habilitar un congreso unicameral.
“No hay que dramatizar estas posibilidades”, comentó Salazar. “La definición de cómo funcionarán los poderes constituidos le corresponde a la convención, y tiene la facultad para mantener un sistema presidencial o mutar a uno parlamentario”, recordando de paso que “esto tampoco es algo que no haya ocurrido nunca. No olvidemos que los gobiernos de Eduardo Frei y Ricardo Lagos duraron seis años cada uno, pues por medio de las reformas constitucionales del año 2005, se acortaron a cuatro años recién para el primer gobierno de Michelle Bachelet”.
Aclaró que, desde su punto de vista, los grandes temas que deberían aparecer en el debate son “la democratización de la economía, la descentralización territorial, la desigualdad material con los derechos sociales y el medio ambiente”. Indicó finalmente que “lo mejor es extender el proceso por otros tres meses, tal como lo faculta la Constitución vigente, para tener nueve meses solo de debate constitucional. Se trata de un proceso complejo y con múltiples desafíos, por lo tanto, hay que darse el tiempo suficiente para llevarlo a cabo”.