El progreso de la ciudad y la llegada de lo urbano a las zonas rurales de la comuna de Curicó, ha generado una serie de complicaciones para algunas familias que habitan en estos sectores y que con la actualización del Plano Regulador pasaron a ser considerados como urbanos. Esta situación es la que afecta directamente a algunos vecinos de la villa El Manzano de Los Niches quienes han tenido que recurrir a sus ahorros para regularizar los sitios en el Conservador de Bienes Raíces, algo no estaba previsto en la economía familiar.
Ante este hecho, el alcalde Javier Muñoz manifestó su intención de apoyar a las familias a través del Centro de Orientación Legal (COL) de la Municipalidad de Curicó, para solucionar el problema con la numeración y nomenclatura de cada una de sus propiedades luego de lograr el cambio de uso de suelo.
Principales problemas
Algunas de las complicaciones que han experimentado las familias se presentan cuando requieren hacer un trámite en alguna institución financiera o banco, postular a un subsidio o quieren vender sus casas.
“Nosotros como municipalidad, a través de nuestro Centro de Orientación Legal (COL), estamos apoyándolos para ahorrarles el costo de los abogados, para que solo tengan que pagar la notaría más un par de certificados que tengan que sacar. Por lo tanto, va a ser un tremendo ahorro para los vecinos y van a quedar con sus viviendas debidamente regularizadas y con todas sus temáticas resultas”, informó el alcalde.
De acuerdo con lo señalado por quienes ya hicieron este trámite, el costo a pagar puede llegar incluso a los 400 mil pesos, por lo que esta iniciativa municipal significa una importante ayuda para ellos.
Contexto Legal
Lorena Bustamante, abogada del COL, explicó que la situación actual afecta los títulos de dominio de las propiedades de estas familias, ya que cuando compraron en la villa El Manzano hace más de 20 años, estos títulos tenían una dirección y hoy día eso cambió con la inclusión del sector en el Plano Regulador de Curicó.
“Hoy día las propiedades de los vecinos tienen otra dirección. Eso significa un trámite que hacer, que es pedirle al Conservador de Bienes Raíces, a través de una nota marginal rectifique o aclare que ahora la dirección es la que se señala en el certificado de número municipal y eso tiene un costo bastante elevado para los vecinos. Este costo fue bastante reducido con lo que plantea el municipio y hacerlo por medio del Centro de Orientación Legal significa que cada vecino va a tener que pagar entre 20 a 25 mil pesos que es un valor accesible para que ellos puedan, en definitiva, arreglar esta problemáticas”, sostuvo.
La presidenta de la junta de vecinos, María González, aseguró que es una extraordinaria noticia. “Esto lo estábamos esperando porque hacerlo nosotros, de nuestros bolsillos, nos sale demasiado caro. Esperábamos con ansia tener algo más concreto”.