Han pasado seis años desde que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara al COVID-19 como una pandemia mundial. En Chile, la crisis sanitaria comenzó a desplegarse pocos días antes: el primer caso fue informado el 3 de marzo, la suspensión de clases se anunció el 15 de marzo, el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe se decretó el 18 de marzo, la primera muerte se reportó el 21 de marzo y las primeras cuarentenas comenzaron el 25 de marzo, marcando el inicio de una emergencia que transformó profundamente el sistema sanitario y la vida cotidiana del país.
Las cifras de ese año reflejan el impacto de la emergencia. Según datos del Ministerio de Salud, en 2020 se registraron 126.169 fallecimientos en Chile, lo que representó 16.511 muertes más que en 2019. De ese total, 18.680 personas murieron a causa del COVID-19, equivalente al 14,8% de todos los decesos, convirtiendo a la enfermedad en la principal causa específica de muerte en el país ese año. A nivel global, la OMS estima que 14,9 millones de personas murieron en el mundo entre enero de 2020 y diciembre de 2021 como consecuencia directa o indirecta de la pandemia.
Próxima pandemia
A seis años del inicio de la pandemia, organizaciones de salud pública advierten que el momento de discutir estas reglas es ahora. El Anexo sobre Acceso a Patógenos y Participación en los Beneficios (PABS), que definirá cómo se compartirán vacunas, diagnósticos y tratamientos en futuras emergencias sanitarias, será sometido a aprobación por los países miembros durante la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS, que se realizará del 13 al 15 de mayo de 2026 en la sede del organismo en Ginebra.
Lo que se acuerde en esa instancia determinará si el mundo enfrentará la próxima pandemia con reglas más justas o si se repetirán las desigualdades observadas durante el COVID-19. Sin embargo, las negociaciones están lejos de ser simples. Más de 80 países en desarrollo han solicitado que el sistema incluya compromisos obligatorios de acceso equitativo, mientras que la Unión Europea (UE) ha impulsado un modelo basado en compromisos voluntarios de la industria farmacéutica.