El miércoles se realizó la primera audiencia pública del juicio iniciado por la profesora Sandra Pavez contra el Estado chileno.
En el año 2007, la Diócesis de San Bernardo le revocó el certificado de idoneidad para seguir impartiendo clases de religión en el Colegio Municipal Cardenal Antonio Samoré, lugar donde la docente ejercía desde 1985.
Esto, luego de que la maestra confirmara que era lesbiana y mantenía una relación con otra mujer. También por negarse a terapias psicológicas y psiquiátricas ofrecidas por la Iglesia Católica para “revertir” su orientación sexual.
El clero utilizó el Decreto 924 del Ministerio de Educación de 1983, que aún se mantiene vigente en la legislación chilena. Sin embargo, los recursos de protección fueron desechados por los tribunales de alzada y la Corte Suprema.
Sandra Pavez, quien siguió en el establecimiento como inspectora general, pero no como docente de religión, señaló que espera se haga justicia y la corte falle a su favor.
“Espero que se haga justicia, que el daño que se me hizo emocionalmente se repare de parte de la autoridad y decir que se equivocaron, que no por ser una persona que tengo otra orientación sexual, no tengo derecho a enseñar”, indicó la profesora.
Según expresó el perito nacional convocado por la presidencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, José Luis Lara, la revocación del certificado de idoneidad no provoca la desvinculación laboral.
A juicio del vocero del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, Movilh, Rolando Jiménez, este caso representa una discriminación arbitraria que fue avalada por los tribunales chilenos.
Este jueves se retomaba la segunda y última parte del juicio contra el Estado chileno, iniciado por la docente Sandra Pavez./
