De un paro cardiorrespiratorio falleció Vilda Meza, una paciente de cannabis medicinal de la comuna de Doñihue, quien presentó un deterioro en su estado de salud luego de un allanamiento de su vivienda, que la llevó a ser procesada por la Ley 20.000.
La mujer utilizaba aceite medicinal luego de sufrir una negligencia médica que afectara su columna vertebral, dejándola parapléjica, con un 70% de discapacidad. Las complicaciones se presentaron en medio del proceso judicial al que fue sometida.
Esta situación la convirtió en un emblema de lucha al fallecer sin fármacos naturales, los cuales no podía fabricar a falta de marihuana ni comprar luego de la prohibición de la venta del fitofármaco Cannabiol.
El defensor penal público jefe de Rancagua, Leonardo Díaz, sostuvo que “como tenía esta indicación médica, nosotros como defensa pedimos el sobreseimiento definitivo de la causa, aunque no estaba ni siquiera formalizada, pero sí se le habían incautado las plantas de marihuana”.
“Con fecha 10 de agosto se hizo la audiencia en la que además declaró el médico que le había recetado el THC y el tribunal consideró que había una causal de justificación que está establecida en el inciso final del artículo 50 de la Ley 20.000. Por lo tanto, decretó el sobreseimiento definitivo de la causa”, detalló Díaz.
La directora ejecutiva de la Fundación Daya, Ana María Gazmuri, afirmó que “estamos muy tristes, muy apenados, pero también indignados. Esto no debiera ocurrir, esto es inaceptable, una vulneración de derechos. Es más, el día lunes en la audiencia se había logrado el sobreseimiento de Vilda, pero el Ministerio Público insistió en usar su plazo de cinco días para apelar, insistiendo en tratar a Vilda como si fuera una traficante“.
Agregó que “luego, después de que ella había encontrado por fin un tratamiento que la ayudara a mejorar su calidad de vida, de haber un proceso correcto, con acompañamiento médico, capacitándose de la manera correcta para cultivar sus plantas medicinales, para hacer sus preparaciones bajo los estrictos estándares de Fundación Daya, se vio víctima del Estado de Chile al ser criminalizada, allanada, sus plantas incautadas“.
Un caso emblemático que para los usuarios de cannabis medicinal piensan que no debería seguir pasando, si el Senado avanzara en la ley de cultivo seguro./
