El senador José García Ruminot criticó el anuncio del Gobierno de que no se querellarán contra el líder de la CAM Héctor Llaitul por el llamado que hizo a organizar la “resistencia armada” en respuesta del anuncio de un “Estado Intermedio” en la Macrozona Sur y llamó al Ministerio del Interior a reconsiderar e interponer acciones legales no sólo contra él, sino también “contra todos aquellos dirigentes de organizaciones que se atribuyen los atentados violentos que hemos conocido durante meses.”
El legislador de la Araucanía dijo que “la misma noche que la ministra del Interior anunció medidas para la Macrozona Sur, nosotros planteamos la importancia de que ella venga al Congreso a precisar el alcance del Estado de excepción constitucional, qué facultades implica y cuán limitadas están, porque naturalmente queremos que sea un estado de excepción que resulte eficaz para garantizar mayor orden, mayor tranquilidad”.
Por lo mismo, adelantó que ya le solicitó al senador José Miguel Insulza, en su calidad de presiente de la Comisión de Seguridad Pública, que invite a la secretaria de Estado a exponer al respecto, porque cuando la titular de Interior aseguro que se haría “uso de todas las herramientas de las que dispone el Estado se anunciaron las querellas, entonces ahora necesitamos aclarar las cosas”.
El senador RN subrayó que la acción legal sí procede porque “esa proclama que hace Llaitul, que se encarga de grabar y de difundir, es temeraria y supone una confrontación a todo el Estado de Chile, es un llamado clarísimo a la insubordinación y eso naturalmente debe ser objeto de querella”.
Por lo mismo, dijo, “insistiremos en que la ministra venga al Congreso a informarnos qué es lo que van a resolver respecto de las querellas, porque son muy importantes y cuando se invoca la ley de seguridad del Estado, el único querellante es el Ministerio del interior, no lo puede hacer un particular y por eso les cabe mucha más responsabilidad para que este tipo de situaciones no se sigan repitiendo.
García enfatizó que “no puede ser que haya un atentado, venga una organización y diga: nosotros fuimos; y que no pase nada. Eso no puede seguir ocurriendo en un estado de derecho.”
En ese contexto, expresó su confianza en que el ministerio reconsidere se querelle “contra Llaitul y contra todos aquellos que son dirigentes de estas organizaciones que se atribuyen los atentados violentos que hemos conocido durante meses.”
