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Alcaldes exigen ley que proteja a las autoridades comunales tras amenazas de muerte

El alcalde de Curicó, George Bordachar, junto a otros jefes comunales fueron convocados a reunión urgente por la Asociación de Municipalidades (ACHM) en un contexto de creciente inseguridad nacional y por el alarmante aumento de secuestros en Chile.

El alcalde de Curicó, George Bordachar Sotomayor, se unió a otros jefes comunales en Santiago para exigir una rápida tramitación de una ley de seguridad. La reunión, que se llevó a cabo este lunes con parlamentarios, busca una respuesta concreta a las constantes amenazas de agresión y muerte que las autoridades locales han recibido por parte de grupos violentos.

Bordachar destacó el reciente secuestro de una concejala de Villa Alegre como ejemplo de la gravedad del problema. Junto con ello enfatizó que la ley debe venir con su financiamiento para ser efectiva.

“Vine a una reunión con la Asociación de Municipalidades (ACHM) donde propusimos y expusimos el tema de seguridad. Creo que nos está faltando mucho, mucho apoyo. Esperemos que los parlamentarios saquen una buena ley y ojalá, lo que dije yo, y con financiamiento. No podemos estar así sujetos a que nos demanden, nos acosen, nos puedan secuestrar como tenemos en el caso de la concejal de Villa Alegre. Hoy día tenemos muchos problemas. Hemos recibido amenaza de muerte algunos alcaldes, en el caso personal, también lo recibimos. Así que necesitamos mucha, mucha ayuda”, indicó el alcalde George Bordachar.

La reunión convocada de forma urgente por la Asociación de Municipalidades buscó coordinar acciones y exigir al Gobierno una estrategia nacional integral y valiente contra el crimen organizado, que proteja tanto a autoridades como a comunidades. “Este es un trabajo transversal de todos los alcaldes. Aquí no hay colores políticos. Queremos una ley que nos favorezca y nos proteja”, señaló George Bordachar.

La exigencia se produce en un contexto de creciente inseguridad nacional, especialmente por el alarmante aumento de secuestros en Chile, como también por las amenazas de muerte recibidas por el alcalde Christopher White de San Bernardo.

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